Estoy completamente seguro de que antes de la celebración de las elecciones generales del 20-N, ningún partido político va a incurrir en el riesgo de anunciar que, si gobiernan, impondrán el “copago” sanitario. Hasta Esperanza Aguirre se muestra prudente en este tema.
El famoso “copago” consiste en que el usuario de la Sanidad Pública tiene que pagar una parte del coste del servicio. Cuando hablan de “copago”, no explican que ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos, con lo cual, el famoso “copago” sería en realidad un repago o doble pago.
Pero aunque algunos partidos nieguen que vayan a implantar el copago sanitario en España, son muchos los intereses creados en sectores empresariales privados, que siguen exigiendo que los usuarios paguemos una parte del servicio sanitario cuando lo utilizamos.
Los argumentos son variopintos. Por ejemplo, un argumento socorrido es que la sanidad es cara, y no se puede sostener en tiempos de crisis. Otro argumento es que no pagar nada anima a acudir al médico de forma innecesaria.
Sin embargo la intención encubierta de quienes pretenden privatizar la sanidad es contar con más recursos públicos para transferir al sector privado empresarial que accede cada vez a más concesiones administrativas para gestionar servicios de la sanidad pública.
Para empezar el gasto público en España sigue siendo inferior a la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Dentro del gasto público, el gasto social es también más bajo en España. La presión fiscal sobre las rentas altas y rentas del capital, es, sin embargo, más baja, mientras que el fraude fiscal alcanza un 23 por ciento y duplica la media de fraude en Europa.
El Pacto de Toledo dejó claro que la Sanidad debe correr a cargo de los impuestos y no de la Seguridad Social, creándose para ello un Sistema Nacional de Salud.
Además hay que recordar que los españoles pagamos una buena parte de las necesidades sanitarias, si tomamos en cuenta que la atención bucodental, los productos ópticos, una parte de las prótesis, o el copago, ya existen en el caso de los medicamentos recetados.
Incluso cuando algunos hablan de la excesiva utilización de las consultas médicas, ocultan que una parte importante de esa utilización procede de consultas burocráticas y evitables, como renovación de bajas laborales, recogida de recetas, certificaciones, etc…
Otra parte del gasto es gasto farmacéutico sobre el que se podría actuar de manera eficaz, adoptando acuerdos que unifiquen las compras y racionalicen el uso y los precios de los medicamentos.
Otro gasto que se puede moderar es el de uso de tecnología, que según estudios tan sólo en el 30 por ciento de su utilización está justificada.
La instauración del copago supone un golpe sobre los sectores más débiles y más vulnerables por la crisis. Son muchos los estudios realizados que ponen de relieve que el copago, ni contiene la demanda, ni abarata costes. Tan sólo trabaja en contra de la solidaridad y crea mayores desequilibrios en el sistema sanitario.