La deuda del Ayuntamiento
Una vez resuelto el tema económico para este año, en cuanto a los trabajadores de Tussam se refiere, Desde nuestra Organización nos atrevemos a sugerir algunas pautas para que en lo sucesivo esto no vuelva a ocurrir.
El 20-N expiró la tregua que algunos políticos se habían dado antes de iniciar la senda de los recortes en unas maltrechas finanzas municipales golpeadas por la crisis. Una crisis económica que ha provocado que los Ayuntamientos hayan visto mermados en más de un 63 por ciento sus ingresos.
El problema de los Ayuntamientos no es ni su deuda, salvo excepciones, ni su déficit público. Los ayuntamientos soportan un 5,6 por ciento de toda la deuda pública española y su déficit es del 0,6 por ciento.
El problema municipal se encuentra en que los Ayuntamientos sólo asumen el 13 por ciento del total del gasto público, frente al 36 por ciento de las Comunidades Autónomas y el 51 por ciento del Estado. La media europea de gasto municipal supone el 25 por ciento del total. Incluso en Estados centralistas como el francés el gasto municipal supone el 22 por ciento del total. En otros como Finlandia o Suecia los municipios soportan más del 44 por ciento del total del gasto.
Si los municipios se muestran incapaces de soportar sus gastos anuales se debe a una nunca bien resuelta financiación municipal y a unos compromisos de gasto contraídos para asumir competencias que corresponderían en más del 70 por ciento de los casos a las Comunidades Autónomas, como bomberos, cultura, promoción social, o sanidad.
Si a esta situación le añadimos las limitaciones que el Ministerio de Economía ha dictado para la refinanciación de la deuda municipal, el pago de esa deuda y el pago a los proveedores de bienes y servicios, puede llevar a una situación que los Ayuntamientos, privados de los ingresos que aportaba el boom inmobiliario, no pueden superar por sí mismos, sin la ayuda de otras Administraciones.
Una situación que podría llevar a la ruina municipal, pero que podría ser solucionada poniendo en marcha unas cuantas medidas sensatas.
En primer lugar conocer la situación real de cada Ayuntamiento en cuanto a déficit y deuda financiera y a proveedores. Determinando qué servicios propios o impropios están prestando.
En segundo lugar, los Ayuntamientos deben poder refinanciar su déficit, aún limitado a no superar determinados límites de endeudamiento.
En tercer lugar deben acometerse políticas de austeridad, eficacia, eficiencia y control del gasto, especialmente el gasto superfluo, gasto en altos cargos y puestos de confianza, coste de las concesiones administrativas y privatizaciones. No se explica que haya alcaldes, concejales y altos cargos, que tienen sueldos superiores al Presidente del Gobierno y sus Ministros.
Sería conveniente revisar y renegociar los contratos y pliegos de condiciones de las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento para suprimir clausulas abusivas y ventajistas.
La Junta de Andalucía debería de dotar un Fondo de Financiación Local, un Fondo de Rescate de más de 2.000 millones de euros, para sanear de forma controlada los municipios Andaluces. Unos recursos vinculados a Planes de viabilidad y saneamiento económico en los Ayuntamientos solicitantes de los mismos. Unos Planes de Ajuste que no deberían afectar nunca a servicios públicos esenciales como ayuda a domicilio, o educación.
Unos fondos gestionados por la Junta de Andalucía, con la participación de la Diputación y los Agentes Económicos y Sociales.
Por último, parece urgente abordar una segunda descentralización del Estado, estableciendo competencias municipales y los recursos necesarios para gestionarlas.
Los Ayuntamientos, siendo la Administración más cercana a la ciudadanía, no pueden ser opacos y poco transparentes. La participación social es más fácil en ellos y una condición para la credibilidad y la regeneración democrática. Ingresos, gastos, sueldos de alcaldes, concejales, cargos públicos y de confianza, deben ser absolutamente transparentes.
Estas medidas permitirían evitar mucho sufrimiento innecesario para los trabajadores como ha sido nuestro caso, o para la propia ciudadanía. Si no se afrontan no haremos sino sembrar desconfianza, retrasar la salida de la crisis, seguir perdiendo empleo, debilitar la calidad de nuestras vidas. Es el momento de elegir entre soluciones duras pero equilibradas y compartidas, o forzar el sufrimiento y provocar el conflicto.
