La reforma constitucional que el gobierno pretende implantar, se trata de una reforma tremendamente desafortunada, rechazable tanto por la forma en la que se quiere imponer (sin ser sometida a referendum), como por el fondo: responde a los criterios ideológicos neoliberales y a los intereses de los mercados y sobordina el interés general a los intereses de unos pocos, consagrando esta pérdida de soberanía popular en la propia constitución.
He leído un acertado artículo de Joaquin Arriola en la prensa local que desacredita esta reforma. También he tenido la ocasión de conocer las opiniones de Antonio Gutiérrez, Juan Torres y Vicens Navarro (este autor recomienda la lectura de otro artículo del profesor Lizoain).
Por eso, CCOO y UGT secundado por distintas organizaciones sindicales y sociales ponen en marcha de inmediato movilizaciones en contra de esta reforma constitucional y pedir la convocatoria de un referendum.
Por si todo lo anterior no fuera poco, el consejo de ministro aprueba dos nuevas medidas que agrava la situación de los trabajadores/as españoles: la modificación del contrato de formación que va a permitir que puedan haber "aprendices" de hasta 33 años y la posibilidad de encadenar sin límites los contratos temporales.
Y otro recorte que se veía venir. Aunque no nos sorprendan demasiado los recortes en la enseñanza pública que ahora anuncian los gobiernos de algunas comunidades autónomas, como los de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, no por ello vamos a permanecer con los brazos cruzados. Por ahora el monto de los recortes previstos asciende a 2.000 millones de euros en todo el Estado. En la mayoría de las comunidades las partidas destinadas al ciclo de 0 a 3 años están paralizadas y en el de 3-6 años existen dificultades con las clases de apoyo, al igual que en la Educación Secundaria Obligatoria en atención a la diversidad.
Es preciso recordar que esta reducción se produce en un contexto de bloqueo inversor en un servicio tan esencial y de tan enormes dimensiones, como lo es el de la educación. En otras palabras, llueve sobre mojado. Por ejemplo, en el último decenio, el gasto público en educación no ha experimentado en España subida alguna, lo que nos ha alejado de la media de los países de la Unión Europea. ¿Alguien se extraña de que en este periodo la tasa de fracaso escolar se haya incrementado un 7%?.
Sin embargo, en los gobiernos de algunas comunidades autónomas han decidido cerrar los ojos a la realidad y, con el pretexto de la crisis, dirigen las tijeras a la educación pública, quizá porque en ésta los efectos de los recortes no se aprecian con la misma inmediatez que en otros servicios sociales. Piensan que, una vez que hayan metido la tijera, nos olvidaremos del asunto y nadie protestará. Pero también en esto vuelven a equivocarse. Desde el principio de la crisis en Comisiones Obreras planteamos que precisamente en estos momentos de crisis económica y de empleo es cuando más debería apoyarse la educación, sobre todo en un país como el nuestro con más de un 40% de jóvenes en paro y muchos de ellos necesitados de formación cualificada. No es recortando el gasto educativo como se fomenta la Formación Profesional y preparamos el camino para un modelo productivo basado en la innovación tecnológica. Tampoco el elevado índice de fracaso escolar de nuestro país y, especialmente, de algunas autonomías, está como para reducir las prestaciones educativas de primera necesidad. Me refiero a esos programas escolares destinados a los estudiantes con problemas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales, que precisan de una atención individualizada.
Los problemas no se resuelven haciendo recaer todas las tareas sobre las espaldas del profesorado existente y prescindiendo de la contratación de nuevo personal o de la importante función que en el sector desempeñan los interinos. Ya estamos hartos de los discursos demagógicos que venimos escuchando por boca de algunos responsables (o más bien irresponsables) de la Administración en los últimos días, que vuelven a la carga acusando a los docentes de trabajar poco y tener muchas vacaciones y que tratan de enfrentar padres y profesorado. Se equivocan de medio a medio. Los padres que siguen los estudios de sus hijos en los centros conocen el esfuerzo de los profesores para ofrecer una enseñanza de calidad, muchas veces en contra de la deficiente gestión de las administraciones y de la carencia de recursos humanos y materiales.
Por todo ello, insisto en que los recortes en educación constituyen un ataque en toda regla a los programas educativos que resultan fundamentales para garantizar la calidad y la equidad, como la atención a la diversidad de alumnado en las aulas y la ayuda a los escolares con dificultades. Además, las medidas con las que se nos amenaza perjudicarán al empleo público y supondrán un empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado, que no podrá dedicar todo el tiempo necesario que requieren las labores organizativas, la preparación de las clases y las tutorías individualizadas del alumnado.
La educación es una inversión, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el servicio público educativo tanto en tiempos de crisis como de bonanza son el mayor error en el que puede incurrir un gobierno. Pero en la actual situación de crisis, que según todos los indicios, se prolongará bastante más tiempo del previsto inicialmente, es evidente que estos recortes hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y retrasarán la salida de la propia crisis.
Ante este preocupante panorama, CCOO exige una salida de la crisis de manera justa y equitativa, incrementando la inversión educativa, restableciendo los derechos laborales de los trabajadores de la educación y desarrollando los servicios públicos educativos en el marco de un empleo digno y con derechos. No estamos dispuestos a resignarnos a los hechos consumados, como pretenden algunos, dando por sentado que nos plegaremos a estas políticas tan erróneas como irresponsables, aunque presuman de lo contrario.