La crisis, esa gran enemiga del empleo.
Soportamos ya cuatro largos años de dura crisis económica a nivel mundial, una crisis que se ha llevado por delante 4 de cada 10 empleos en la construcción, uno de cada cuatro en la industria y que ahora entra con dureza en los servicios, al calor de despidos individuales, Expedientes de Regulación de Empleo y Cierres empresariales.
Ante una situación cada vez más grave, los Gobiernos, ya sea en el ámbito europeo como en los diferentes niveles de la Administración española, han entrado en la lógica exclusiva de la reducción del déficit público, eliminando otras consideraciones esenciales, como la de los ingresos, el empleo, las inversiones públicas, o el sostenimiento de los Servicios Públicos esenciales.
El giro en las políticas ha sido brutal. Congelación de las pensiones, que suponen un retroceso real en el poder adquisitivo de las mismas. Reducción del salario de los empleados públicos. Recorte drástico de inversiones públicas. Reforma laboral para facilitar y abaratar el despido. Incremento de impuestos que golpean a las familias trabajadoras como el IVA, o la gasolina, mientras se reduce el impuesto de sociedades, sin adoptar medidas eficaces contra el fraude fiscal.
Privatizaciones como la de Aeropuertos o Loterías o la Reforma de la Negociación Colectiva para limitar la capacidad protectora del Convenio.
Reforma de la Constitución sólo en aspectos relacionados con el gasto y el déficit público. Nuevas medidas en materia de contrato basura de empleo y formación y eliminando los límites a la temporalidad de los contratos, de forma que los contratos serán indefinidamente temporales.
La justificación siempre es la misma. Pacificar a los mercados hasta la próxima agresión cuyo objetivo seguirá siendo obtener grandes beneficios hundiendo países enteros.
En un escenario así descrito, España parece abocada irremisiblemente a un cambio político, en el que quienes se ven como ganadores empiezan a hacer méritos para entrar en la Moncloa. Cospedal en Castilla-La Mancha, Aguirre en Madrid o Arenas en Andalucía, son buena muestra de esta ofensiva, organizando una agresión sin precedentes contra el empleo público, las organizaciones sindicales, la calidad de los servicios públicos, abriendo así conflictos como el que vivimos hoy en la enseñanza española, o los conflictos en numerosos ayuntamientos.
Afrontamos un año decisivo. Un año que marcará el camino y la deriva de este país en las próximas décadas. Un año en el que debemos fortalecer la unidad del sindicalismo, nuestra unidad de acción con UGT. Nuestra cada vez mayor vinculación con el conjunto de la sociedad, deben forzar a patronales y gobiernos a acordar y no imponer las medidas necesarias para combatir la crisis y salir de ella.
La situación a la que vamos es complicada, compleja y difícil. No podemos, por ello, cejar un ápice en nuestro esfuerzo para que este país afronte de forma justa y equilibrada, los problemas de la crisis. Soluciones que tienen que pasar por el empleo, la protección a las personas desempleadas y la protección que garantizan los servicios públicos esenciales.
Esa es la batalla que tenemos por delante.
