El nuevo Decreto Ley sobre medidas urgentes para la promoción del empleo introduce cargas de profundidad no consultadas, ni mucho menos negociadas y, en ningún caso, fruto del acuerdo.
La crisis económica no puede ser nunca el justificante para precarizar aún más el empleo, debilitar derechos de los trabajadores y enrocarse en un modelo económico y laboral fracasado.
Convertir la temporalidad de los contratos en indefinida, no supone más que abaratar el empleo y el despido, sin favorecer la estabilidad y sin crear un solo puesto de trabajo nuevo. Casi el 33 por ciento de los trabajadores temporales tienen un contrato inferior a seis meses.
Hay puestos de trabajo estacionales que tienen que ser temporales, inevitablemente, pero convertir en temporal cualquier puesto de trabajo no es bueno para una economía débil como la española.
Sin embargo el Gobierno apuesta por el contrato de fomento de la contratación indefinida, que supone que un empresario haga contratos temporales para luego, al cabo del tiempo, transformarlo en contrato de fomento de la contratación indefinida, obteniendo bonificaciones.
Sin embargo, este contrato supone tan sólo el 0,8 por ciento de los contratos registrados a lo largo de 2011, cuando el porcentaje de contratos temporales realizados se sitúa en el 91,3 por ciento del total. El empleo no se crea fomentando un tipo de contrato, sino generando actividad económica que demande empleo. Es la actividad económica la que determina el tipo de empleo, la cualificación que necesita y la calidad del mismo.
Si además el Gobierno decide permitir el encadenamiento indefinido de contratos temporales, dejando en suspenso el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, la apuesta por un modelo laboral de precariedad es evidente. Se rompen acuerdos sociales como el de 2006 que pretendían evitar abusos en la utilización del contrato temporal, incurriendo en una vulneración de las obligaciones normativas europeas.
El giro antisocial que hace un año impulsó el Gobierno de España, aterrorizado por los “mercados financieros”, continúa su escalada, con decisiones como las adoptadas con respecto a la reforma constitucional y las medidas que precarizan el mercado laboral. Las concentraciones y manifestaciones de los días 14, 21 y 29 de septiembre en Sevilla, son el prolegómeno de un otoño caliente que avanza imparable.
Los trabajadores y la ciudadanía creemos que hay maneras más justas y equilibradas para afrontar y superar esta crisis y vamos a defenderlas con firmeza.