La movilización para recoger las firmas necesarias de la ILP contra la reforma laboral, la negociación colectiva, la agilización del VII Acuerdo de Concertación y la extensión del sindicato a las empresas con más representación y afiliación han sido las prioridades que el secretario general de CCOO de Andalucía ha marcado en su informe ante el Consejo de esta organización, celebrado en Córdoba para respaldar la candidatura a la capitalidad cultural europea de 2016. En su informe, Francisco Carbonero ha situado las tareas de cara a los próximos meses, animando a los responsables sindicales a trabajar con el objetivo de aumentar la representación y afiliación para "tener mayor presencia en las empresas, vincular a los trabajadores a CCOO y tener más fuerza en la negociación colectiva".
El líder sindical ha señalado que con la celebración del Consejo en Córdoba "mostramos el apoyo y compromiso de CCOO de Andalucía con la candidatura de esta ciudad a la capitalidad cultural europea de 2016", al entender este hito "no solo como una oportunidad para poner en valor nuestra historia y cultura" sino también "como motor de desarrollo económico y dinamizador de la creación de empleo y riqueza". A continuación Carbonero ha contextualizado el panorama "donde CCOO deberá ejercer su acción en los próximos meses" marcado internacionalmente por "la Cumbre Europea de Primavera, las revueltas en distintos países árabes y las consecuencias socioeconómicas del terremoto de Japón".
Sobre la Cumbre Europea, ha lamentado que las medidas articuladas "repercuten sobre los más débiles, promoviendo ajustes presupuestarios, presionando a la baja los salarios y mermando los servicios públicos", olvidando por completo "el gran problema de la ciudadanía europea: los 23 millones de parados en Europa y los 4,7 millones en España". En este sentido ha destacado la adhesión de CCOO a las protestas convocadas por la CES, que tuvieron su reflejo en Andalucía en las concentraciones realizadas en diferentes provincias.
Para afrontar estos retos, Carbonero ha reivindicado reforzar el papel de CCOO "en la empresa y en la sociedad" para "afianzar nuestra capacidad de liderazgo en estos momentos tan complejos". Esta capacidad debe lograrse, en su opinión, a través de "las elecciones sindicales, la afiliación y un esfuerzo para explicar a los trabajadores y la sociedad nuestras propuestas y trabajo".
Acuerdo Social y Económico
El dirigente sindical ha resaltado la firma del Acuerdo Social y Económico que "nos ha permitido rentabilizar las movilizaciones", sobre todo la huelga general que "provocó el cambio en la posición del gobierno sobre reformas que creía irrenunciables". "CCOO ha gobernado bien los tiempos y, sin haber conseguido la totalidad de nuestras pretensiones, sí que hemos obtenido avances relevantes y de mucha importancia", ha resumido.
Dentro del Acuerdo, Carbonero se ha centrado en analizar el apartado dedicado a las pensiones, mediante el que "hemos garantizado un sistema de pensiones público, contributivo, de reparto y de solidaridad intergeneracional, que garantiza una financiación con rentas del trabajo y permite la participación sindical en su gobierno a través del Pacto de Toledo". Un Acuerdo que para Andalucía, según el líder de CCOO, "tiene un plus importante", como es la integración del REASS en el Régimen General de Seguridad Social marcando "el inicio de la eliminación de discriminación histórica que padecían los trabajadores y trabajadoras del campo y que con toda seguridad marcará cambios importantes en las relaciones laborales en el sector".
Políticas Activas de Empleo
Por otro lado, ha remarcado la necesidad de potenciar "en estos momentos más que nunca" las Políticas Activas de Empleo (PAE), ya que "con más de 1.100.000 de personas en paro en Andalucía deben jugar un papel muy importante a la hora de mejorar el acceso al mercado laboral de las personas con más dificultades y acelerar la reinserción de quienes han perdido su empleo". En esta línea ha indicado la importancia del plan de choque de carácter excepcional y vigencia de un año. Este plan -dirigido en especial a jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración- , "contempla el contrato a tiempo parcial sujeto a controles y evaluación a los seis meses de vigencia, sobre el que seguiremos reivindicando nuestra propuesta por una regulación más ajustada y protectora", al tiempo que recoge "una reivindicación muy importante, como es la protección de las personas que carecen de rentas superiores al 75% del SMI vinculando éstas a un itinerario personalizado de inserción".
Asimismo se ha referido a la reforma estructural del sistema de PAE abogando por "una estrategia para el empleo, que centre, planifique y permita responder a las necesidades estructurales de nuestro mercado de trabajo; que reforme en profundidad los programas de empleo, orientación, formación y experiencias profesionales; que reconozca un sistema integral y global que garantice derechos para toda la ciudadanía, personas en paro, trabajadores y empresas".
Negociación colectiva e ILP
El segundo eje del informe ha sido la negociación colectiva, precisando que las premisas de CCOO en el proceso abierto con la patronal son "nuestra apuesta por mantener la ultraactividad de los convenios, por el convenio sectorial y la elevación de los ámbitos del mismo y por mantener la actualización de salarios ligados a la carestía de vida". "La voluntad de CCOO es apostar por el acuerdo, que necesariamente tiene que estar sustentado sobre las bases de la propuesta conjunta que hemos elaborado con el otro sindicato mayoritario", ha apostillado. Ya en Andalucía, Carbonero ha asegurado que "no podemos sentirnos en absoluto satisfechos con la marcha de la negociación colectiva en 2010", si bien es cierto que en 2011 "estamos desbloqueando a un ritmo mayor". No obstante ha situado como "prioridad" del sindicato "negociar el número importante de convenios sectoriales y de empresa que quedan en Andalucía".
Otro eje es la reforma laboral y la ILP puesta en marcha por CCOO junto a la otra central sindical. Carbonero ha lamentado que la reforma "lamentablemente está constatando todo lo que ya anunciábamos nosotros: más incertidumbre, más paro, más eventualidad, más miedo en la gente y menos derechos y garantías para los trabajadores y trabajadoras". Ante esto el sindicalista anima a mantener los dos frentes de actuación del sindicato, "modificar todo lo posible a través de la negociación de los reglamentos" y, sobre todo, "ejecutar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita cambiar elementos esenciales de la ley que se han demostrado inútiles y que han provocado recortes de derecho". "La ILP y la recogida de firmas para su tramitación en el Congreso es tarea prioritaria para los próximos meses, la idea es poder anunciar el 1º de Mayo que tenemos las firmas recogidas y entregarlas antes de las elecciones, para provocar, si es posible, que la ILP se trate en el Congreso antes del 22-M", ha aseverado.
Concertación en Andalucía
Igualmente importante para Andalucía, según Carbonero, es el VII Acuerdo de Concertación Social, que aunque "está teniendo un nivel más alto de dificultades para su desarrollo que los anteriores", sigue siendo una apuesta "estratégica" de CCOO para salir de la crisis. Así el dirigente sindical valora en su informe que "una parte importante de las 351 medidas están iniciadas y con distinto grado de ejecución", pero "tenemos que exigir del gobierno más agilidad y mayor compromiso de todas las Consejerías con el cumplimiento del Acuerdo". Del Acuerdo ha destacado como positivos "los acuerdos sobre políticas activas, la ejecución de los planes Proteja, con más de 30.000 empleos, o los planes de formación y cualificación, que afectan a más de 200.000 personas, avances importantes en materia de incentivos a la innovación y el desarrollo empresarial, el IV Plan de la Internacionalización de la Economía Andaluza, el Plan Estratégico de la Agroindustria Andaluza en el Horizonte 2013, la Ley de Turismo de Andalucía, el IV Plan de Fomento del Comercio Andaluz, el Plan de Calidad Turística o el Acuerdo Marco de Colaboración para la Mejora de Calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio", entre otros avances.
Sin embargo Carbonero ha reclamado a la Junta agilidad para desarrollar "las actuaciones integrales en el territorio al objeto de obtener mayor cohesión social y territorial, dinamizar los mecanismos de financiación a PYMES y, en particular, las ayudas reintegrables dirigidas a la creación y modernización de empresas, reforzar la apuesta por el desarrollo del sector industrial andaluz, dinamizar los trabajos de las mesas de infraestructuras y transportes e impulsar el desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, así como las actuaciones en materia de rehabilitación y construcción de vivienda protegida para venta y alquiler". Asimismo ha instado a "impulsar iniciativas legislativas y planes en materia de medio ambiente y agua, y garantizar y agilizar los trámites administrativos para reducir los plazos de pagos dirigidos a ayudas destinadas a los colectivos más desfavorecidos: salario social, dependencia, empleo o renta básica de emancipación".
Responsabilidad empresarial y PAC
De igual forma ha recordado la responsabilidad de los empresarios en la reactivación económica, "quienes a pesar de haberles regalado una reforma laboral a medida, abaratando el coste del trabajo y bonificando de forma importante determinados modelos de contratación, no están contribuyendo para nada a la salida de la crisis". "Son los grandes ausentes del escenario de responsabilidades y sólo están en la actitud pasiva y egoísta de aprovecharse de la situación", ha criticado.
En su informe también se ha referido a las ayudas de la PAC que recibe Andalucía, proponiendo que en el futuro del horizonte 2020 "su articulado identifique y contemple actuaciones que puedan favorecer el empleo y la calidad del mismo" en lugar de seguir estando orientadas "a los agricultores por cuenta propia". "Del resultado final dependerá en gran medida el desarrollo rural y el poder mantener la población en el medio rural andaluz", ha indicado.
Carbonero no ha sido ajeno a la sentencia del Constitucional sobre el Guadalquivir, pidiendo al ejecutivo andaluz, y "desde el respeto lógico a la misma", que "sea firme en el desarrollo y cumplimiento de nuestro Estatuto" y exija al gobierno de España "la misma sensibilidad y agilidad para resolver las consecuencias de esta sentencia que tuvo con otras comunidades en situaciones parecidas". En cuanto al posicionamiento de CCOO, ha apostado por "conjugar los intereses entre los diferentes sectores afectados: la pesca, los arroceros, el puerto de Sevilla, el Parque de Doñana así como el uso del agua de la cuenca para los riegos y uso doméstico".
Reordenación sector público
También ha analizado la reordenación del sector público andaluz, destacando que las movilizaciones de CCOO "obligaron al gobierno a negociar una rectificación del Decreto", circunstancia que el sindicato aprovechó para "incidir y cambiarlo orientándolo hacia las posiciones que creíamos más convenientes para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras". Fruto de este "complejo trabajo" ha sido el Proyecto de Ley, aprobada en el Parlamento, aunque "mientras tanto se iniciara una brutal campaña contra los sindicatos de clase, impulsada en especial por el PP y los medios de comunicación más conservadores con el objetivo de convertir un problema de raíz laboral en un arma de oposición al gobierno y en contra de los sindicatos de clase".
Para Carbonero, "es indudable que los errores del gobierno en este tiempo se han ido sucediendo" pero el resultado es "satisfactorio" porque "rectificaron el Decreto, lo convertimos en Ley, garantizamos todos los derechos de funcionarios, laborales y Empresas Públicas y se inicia un proceso de normalización en la externalización de servicios, proceso que CCOO ha denunciado siempre".
El informe ha concluido con una referencia a la polémica de los ERE en Andalucía, sobre la que Carbonero ha manifestado que "se está dañando una vez más la imagen de la región y deteriorando un instrumento de las relaciones laborales que ha resuelto el problema a miles de trabajadores y trabajadoras, que ha posibilitado la viabilidad de muchas empresas que hoy mantienen y han mejorado su actividad como consecuencia de la aplicación de este mecanismo absolutamente legal".
De nuevo ha reiterado la posición de CCOO al respecto, exigiendo que "la administración y las aseguradoras paguen a las personas las cuantías que tienen asignadas cada una, que no se paralicen los pagos a no ser que se dé orden judicial para ello y que la justicia sea la encargada de esclarecer los hechos, de asignar responsabilidades si las hubiera y de recuperar el dinero público si este ha sido utilizado de forma fraudulenta".
