La aprobación en Consejo de Ministros de una nueva ayuda económica para las personas desempleadas es el resultado de las negociaciones tripartitas entre el Gobierno y los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios) que han dado como resultado el Acuerdo Social y Económico, en el que va incluida esta medida para atender a las personas desempleadas cuyas rentas no superan el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
CCOO valora esta medida, aunque su cuantía es escasa, por ir dirigida a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral y que carecen de rentas, a la vez que insiste en su compromiso con las personas desempleadas y ratifica que mantendrá su apuesta por las personas y la protección social en el eje de sus actuaciones.
La nueva ayuda económica se podrá solicitar a partir del 16 de febrero, fecha e finalización del PRODI, al que sustituye, y la cuantía económica asciende al 75 % del IPREM. Para tener acceso a esta ayuda económica es preciso solicitar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple las medidas de política activa de empleo dirigidas a mejorar la empleabilidad de la persona desempleada. Las medidas de políticas activas contempladas en el itinerario individual y personalizado podrán conllevar o no formación en base a las características personales del solicitante.
En cuanto a las reducciones a las cuotas de la seguridad Social para los contratos a tiempo parcial de carácter temporal cuya duración sea al menos de seis meses y cuya jornada se establezca entre el 50 % y el 75 % de la jornada habitual (artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores), CCOO señala que los sindicatos han incorporado elementos correctores para evitar el efecto sustitución de unos trabajadores por otros y el efecto rotación y que efectivamente esta medida tenga el impacto deseado que es la creación de empleo neto. Se trata de una medida excepcional cuya duración no excederá a un año y que se revisará dentro de seis meses para evaluar si genera empleo neto en las empresas que se acojan a esta bonificación. Durante este periodo se revisaran dos aspectos de esta modalidad de contrato: la mejora de la protección social del mismo y la discriminación de género en la contratación a tiempo parcial.
