Trabajar en la línea de fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones es lo que venimos haciendo la clase trabajadora, a través de nuestras organizaciones representativas, mediante la lucha y el diálogo. En el año 1995 conseguimos el Pacto de Toledo. La primera reforma del sistema de pensiones que se materializó con consenso, entre agentes sociales y Gobierno, y que actuaba sobre la racionalización del gasto, la atenuación de comportamientos negativos para el sistema, y sobre el incremento continuado de los ingresos.
Sobre éstos últimos con medidas de gran calado como la separación de fuentes de financiación. Todo esto después de una década de luchas (huelgas generales de los años 85, 88, y 94) contra las reformas que impusieron, unilateralmente, los Gobiernos de Felipe González en los años ochenta, que solo pretendían reducir los gastos sin profundizar en el fortalecimiento de los ingresos. Es decir, intentando reducir el gasto público sin poner gran interés en la sostenibilidad futura del sistema.
Me remonto a la situación de hace tres décadas porque comienza a parecerse mucho al escenario que el Gobierno de Zapatero está apuntalando en estos meses. Volvemos a una situación en la que se ofrecen, como verdades absolutas, soluciones simples a problemas complejos. Vuelve a utilizarse el discurso de que la única salida para el futuro del sistema de pensiones es reducir los gastos introduciendo medidas injustas y antisociales, como la congelación de las pensiones en 2011, o el aumento de la edad de jubilación obligatoria a los 67 años. Se plantea una gran preocupación por la sostenibilidad futura del sistema mientras se desmantelan los procedimientos que el sistema integra precisamente para garantizarla, como son las revisiones y reformas periódicas mediante el consenso. Se pretenden incluir nuevamente medidas que afectan solo a los gastos, y se anuncia que éstas se materializaran con consenso o sin el. Todo en un ambiente de prisas. Unas prisas que no están muy justificadas en un escenario de reformas periódicas que no comienzan a surtir efecto más que a medio plazo. Unas prisas que, por el contrario, no se justifican más que en los compromisos del Gobierno con los mercados y con los poderes económicos, para seguir entregando a pedazos, como despojos, lo que queda del Estado social que hemos construido con décadas de lucha.
Garantizar el futuro del sistema de pensiones comienza por mejorar su financiación. En este sentido debe culminar el proceso de separación de fuentes acordado en el Pacto de Toledo. El gobierno de Zapatero se muestra muy preocupado por reducir los gastos pero, en la actualidad, el sistema de pensiones tiene un sobrecoste del 5% porque el Gobierno incumple sus compromisos en esta materia.
Se deben mantener las actuales cotizaciones e incrementar las bases de cotización máximas y mínimas, así como el salario mínimo interprofesional. Solo incrementar las bases máximas supondría un enorme incremento de los ingresos, ya que en la actualidad el 10% de los y las cotizantes lo hacen por la base máxima de 3.200 Euros. Es decir, perciben retribuciones superiores a 3.200 Euros, pero solo cotizan por esta cantidad.
Tan preocupado el Gobierno por el gasto que pretende mantenernos en los andamios, en las barras de los bares, en las oficinas, en los puestos de trabajo hasta los 67 años, pero lo cierto es que los gastos de gestión internos de la Seguridad Social siguen cargándose a las cotizaciones y no a los Presupuestos Generales, como los de cualquier otro estamento público, incrementando éstos el gasto en Seguridad Social de forma injustificada en contra del criterio de los sindicatos. También debe culminar el proceso de integración de regímenes especiales, otro incumplimiento del Gobierno de los acuerdos de 2006. Y es que para que las nuevas reformas puedan resultar creíbles y coherentes, hay que culminar primero el actual modelo con la total puesta en práctica de las reformas pactadas con anterioridad.
Se pueden y se deben acometer reformas que racionalicen el gasto, como seguir profundizando en la jubilación flexible. Que las personas, según su deseo y necesidad, puedan adelantar la edad de jubilación con descuento en su pensión, o bien retrasarla voluntariamente con aumento en su pensión. Este sistema de jubilación flexible, pactado en la reforma de 2001, ya ha incrementado en más de un punto la edad de jubilación real a lo largo de una década evitando tensiones y situaciones injustas. Estas medidas de racionalización del gasto deben combinarse con las anteriores para mejorar los ingresos, y con otras que mejoren algunas prestaciones. Como la mejora de las pensiones mínimas, de orfandad y viudedad. Las pensiones de viudedad, además de mejorarlas en el presente para paliar situaciones realmente injustas, a medio y largo plazo debe reconsiderarse su estructura para adaptarla a la evolución de la sociedad y del mundo del trabajo, al que la mujer se incorpora masivamente. Cuestión ésta a fomentar hasta homologar las tasas de actividad de ambos géneros.
En esta línea, si lo que realmente preocupa es el futuro del sistema, deben ponerse en marcha reformas para conseguir la verdadera integración del colectivo femenino, y de los jóvenes, la permanencia en el trabajo de los mayores de 50 años, y la eliminación de la brecha salarial por razón de género. Aumentar la edad de jubilación a los 67 años, de forma obligatoria y generalizada como pretende el Gobierno, es injusto e innecesario, e ignora por completo la realidad del mundo del trabajo donde los empresarios, de forma generalizada, expulsan a los mayores de 50 años ante la pasividad del propio Gobierno que pretende jubilarlos a los 67.
Se debe reformar el sistema productivo. Apostar por la innovación. Fomentar inversiones y actividades de mayor valor, más productivas, que generen empleo estable, con derechos, y salarios suficientes que aseguren la sostenibilidad del sistema. Se debe apostar por la formación. Acabar con el fracaso escolar. Se debe fomentar el equilibrio poblacional con políticas de apoyo a las familias, derechos que favorezcan el reparto de cargas entre sexos, y el reconocimiento y correcta regulación del hecho migratorio, desde la óptica de la integración y no de la proscripción.
El Gobierno reconoce los efectos a largo plazo de las reformas, pero mantiene su receta única de jubilación obligatoria a los 67 años porque lo piden los mercados. Y el sistema de pensiones no es una herramienta anticrisis. No es una moneda de cambio para saciar a los insaciables mercados. Es mucho más. Es un sistema que garantiza, con enorme solvencia, un derecho fundamental. Un sistema que los agentes sociales y el Gobierno venimos mejorando mediante el diálogo y el consenso desde 1995. Ahora nos sentamos con lealtad a revisarlo nuevamente. Pero el Gobierno no tiene derecho a utilizarlo como un juguete al servicio del gran capital y de los mercados. Si así lo sigue intentando, se encontrará con la más dura de las respuestas de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad. Se encontrará nuevamente ante una huelga general.
