A fecha de hoy, son ya 53 mujeres muertas, una cifra similar a la del año 2009, según el último informe del Observatorio anual de violencia sobre la mujer.
Estas cifras escalofriantes son solo la punta del iceberg de una violencia que se manifiesta en múltiples aspectos de la vida cotidiana de muchas mujeres: en ese año 2009, según el mismo informe, se registraron 135.540 denuncias por violencia de género, denuncias que reflejan, seguramente, solo una parte de los hechos de violencia que en realidad se dan.
¿Cómo es posible que nuestra sociedad no acabe de eliminar esta perversa situación? ¿Cómo es posible que un 1,2 % de la población que vive en España considere aceptable el recurso a la violencia de género en alguna ocasión? ¿Qué se está haciendo mal? No pretendemos, ni podemos, responder a estas preguntas, que requerirían de un profundo análisis social, pero si queremos apuntar alguna reflexión desde el ámbito educativo.
Las causas que inciden en los actos de violencia contra las mujeres son múltiples, siendo un factor fundamental, aunque no exclusivo, la pervivencia de la desigualdad entre los sexos, hecho por el cual algunos hombres consideran a las mujeres objetos de su propiedad. Pero también hay que tener en cuenta otros factores, como la pervivencia de la consideración de que los conflictos pueden resolverse mediante el uso de la fuerza, algo de lo que tenemos ejemplos diariamente en los medios de comunicación. Para combatir todo ello la educación debe tener un peso relevante.
Ahora bien, siete años después de su aprobación la Ley integral contra la violencia de género, cuyo capítulo I establece una serie de medidas a adoptar en el ámbito educativo, sigue sin aplicarse en ese ámbito.. Los libros de texto siguen reflejando todo tipo de estereotipos sexistas y discriminatorios para las mujeres. Se carece de formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y ni siquiera se ha formado al profesorado para ello. No existe una educación de los afectos. No se han adoptados las medidas precisas para que los consejos escolares impulsen en los centros medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La actuación de la inspección educativa para velar por que todo esto se cumpla es inexistente.
Sin menospreciar la importancia de las campañas publicitarias y las medidas promovidas por las administraciones públicas, éstas no están realizando lo que deberían en el ámbito educativo. Por ello, una vez más reclamamos de ellas, así como del profesorado, un compromiso claro con la lucha contra la violencia sobre las mujeres aplicando las medidas establecidas por la legislación.