El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido al Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que haya una dotación presupuestaria suficiente para las Políticas Activas de Empleo, de manera que, entre otros aspectos, puedan cubrir las necesidades formativas de los demandantes, permita realizar un itinerario personal al cien por cien de las personas desempleadas y dé protección social a los que han agotado todas sus prestaciones. Además, se ha referido a la contratación parcial y, aunque ha apuntado que es posible que sirva para crear empleo, ha mostrado su escepticismo "porque no sabemos qué efectos puede provocar". Ante ello, ha pedido responsabilidad social a los empresarios y vigilancia a las administraciones "para evitar el fraude y la economía sumergida que tanto se relacionan con este tipo de contratos".
Tras la reunión mantenida con el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, Carbonero ha agradecido a Gómez su interés por explicar a los agentes sociales y económicos el desarrollo de los acuerdos firmados, si bien ha matizado "que ha habido más coincidencias en algunos aspectos que en otros".
En cuanto al contenido de la reunión, el dirigente de CCOO ha declarado que se ha centrado, sobre todo, en las Políticas Activas de Empleo, donde el sindicato ha apuntado varias cuestiones sobre las que son necesarias hacer especial hincapié. Entre ellas, Carbonero ha apuntado la cuantificación de los presupuestos, "de tal manera que estos cubran las necesidades de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía al cien por cien".
En ese sentido, el sindicalista ha reclamado la mejora de la calidad de la orientación, "de tal forma que los itinerarios personalizados de orientación a las personas en situación de desempleo se hagan teniendo en cuenta la demanda del mercado del trabajo y no hacer formación que no genere expectativas de empleo". De hecho, en opinión de CCOO una de las deficiencias que han tenido las PAE ha estado en su falta de adecuación a las necesidades de las personas y del mercado de trabajo.
En cuanto a la apuesta del gobierno por la contratación a tiempo parcial como plan de choque para el desempleo, Carbonero ha dejado claro que "aunque somos bastantes escépticos ante los efectos que este tipo de contratación pueda tener, entendemos que es una apuesta que puede dar lugar a la creación de empleo". No obstante, CCOO ha advertido que "para que sea efectivo" las administraciones deben estar vigilantes y los empresarios deben tener responsabilidad social a la hora de contratar "para evitar el fraude y la economía sumergida, que tanto se asocian precisamente a este tipo de contrataciones".
Carbonero ha añadido que el sindicato, por su parte, también estará vigilante en el cumplimiento de los contratos y de la legislación, ya que además va a haber bonificaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores hasta de un 100% en las cotizaciones sociales y de un 75% en las empresas de más de 250 empleados. "De hecho, el sindicato ha podido constatar que algunas empresas que han recibido bonificaciones por contratos, luego no han cumplido con lo acordado y han despedido al trabajador antes de agotar los cuatro años de contrato a los que le obliga la normativa. Eso es lo que debemos evitar", ha apostillado.
Otro de los aspectos que ha centrado las demandas de CCOO al Ministerio ha sido la protección social en relación a la ayuda de 400 euros que, para el sindicato, "se queda corto en Andalucía, ante la finalización del PRODI y del agotamiento de la renta de inserción". Ante ello, Carbonero ha reiterado que "es importante aumentar la dotación presupuestaria para esta materia".
Por otra parte, el sindicalista ha manifestado a Gómez que es "fundamental" la coordinación entre las diferentes administraciones en materia de empleo. "Tiene que haber elementos de cohesión para evitar ventajas de unas comunidades autónomas respecto a otras y criterios homogéneos para todas". En relación con ese asunto, Carbonero ha indicado que "no estamos de acuerdo, y así se lo hemos hecho saber al ministro, en la descentralización de las PAE a los ayuntamientos ante las peticiones de algunos candidatos en los últimos meses, porque si ya es difícil coordinar 17 oficinas públicas de empleo, no quiero ni imaginar lo que pasaría si empiezan a descentralizarse también a los ayuntamientos". "Una cosa es que gestionen aspectos puntuales de las PAE y otra muy diferente son las competencias", ha puntualizado.
Por último, el secretario general de CCOO ha mostrado su preocupación ante el desarrollo del reglamento de extranjería. "No es lógico que en los contingentes que se autoricen para determinadas zonas o grandes empresas no tengan voz ni opinión las comunidades autónomas y puedan ejecutarse solo con la aprobación del subdelegado del gobierno en la provincia". En relación con ese asunto Carbonero ha citado el caso de Huelva, donde se ha pedido un contingente de 500 mil trabajadores extranjeros "cuando hay más de 900 mil desempleados andaluces". Por el contrario, el sindicalista ha abogado por facilitar la movilidad de los andaluces "aunque para ello tiene que haber legalidad en el cumplimiento de las condiciones de trabajo y de los convenios colectivos".
En datos:
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha estimado que el plan de choque basado en la contratación a tiempo parcial creará entre 15.000 y 16.000 nuevos contratos en Andalucía, mientras que entre 14.000 y 15.000 personas desempleadas se verán afectadas por el Plan Prepara, destinado a los desempleados que consumen sus prestaciones.
Ambos decretos leyes, -el plan de choque de medidas de impulso de la contratación a tiempo parcial y el plan de choque para desempleados que agoten prestaciones por desempleo-, derivados del Acuerdo Social y Económico, ya están en vigor, y deben ser ejecutados por cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas que ejecutan las políticas activas de empleo.
El consejero de Empleo, que ha comparecido tras la reunión en representación de la Junta de Andalucía, ha explicado que Andalucía "es la primera comunidad autónoma donde se explican a sindicatos y empresarios los acuerdos alcanzados para reformar las políticas activas de empleo y ha afirmado que el Gobierno central y la Junta creen en el diálogo social".
